La política cultural que desarrolla el Jefe de Gobierno porteño junto a su ministro de Cultura ha despertado algunos debates en torno al rol de Estado como garante (o no) de los derechos de ciudadanía.
En marzo de este año, 600 talleres culturales que se dictaban de forma gratuita, fueron cerrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, más del 55% de los trabajadores de los centros culturales fueron despedidos y el resto sufrieron la reducción y rebaja de las horas cátedras y padecen condiciones de contratación indignas (pago de salarios fuera de termino, contratos temporales sin los beneficios de antigüedad, licencias, estatuto, o reconocimiento de su rol docente).
En diciembre del año pasado, el reciente Ministro de Cultura de la Ciudad, Hernan Lombardi (ex ministro de turismo de Fernando De la Rua, ex grupo SUSHI, vinculado a empresas de turismo, organismo que se encuentra actualmente bajo la órbita de su ministerio) ya había dado muestras de lo que sería una política cultural privatista, al suspender el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, el Festival de Tango y el BAFICI (de cine independiente).
Otro ataque a la cultura por parte del PRO se manifestó en torno al caso del Canal Ciudad Abierta, donde en varias ocasiones el jefe de Gobierno declaró que piensa cerrarlo con el argumento (o excusa) economicista que la empresa televisiva resulta un peso considerable y un gasto innecesario para las arcas de la ciudad.
Los que esta en claro tras estos 3 meses de gestión es el Modelo de ciudad que intenta imponer el PRO. Tras la fachada de buena gestión y eficiencia, se esconde la concepción del Estado como gerenciador, del Estado empresario, y no como ámbito donde expresar los conflictos sociales ni como garante de los derechos humanos de la población, principalmente de la más vulnerable.
En el caso de la política cultural macrista se revela la anulación de lo que se supo construir con esfuerzo, organización popular y con indiscutible éxito en cuanto al acceso de todos los sectores sociales a la cultura. Con claro tinte privatista en cuanto al acceso a los derechos de ciudadanía y guiado por una lógica de “gestión de la política” a través de resolver administrativamente (suprimir) el conflicto social, el macrismo opera a partir de la fragmentación social. De este modo, el gobierno neutraliza las acciones de disputa y movilización por los derechos (a la cultura, a la salud, la educación, etc.).
En tal sentido, sus primeras medidas implicaron un “ajuste” de las funciones del Estado: imposición de un aumento del ABL, despidos masivos e injustificados, desalojo de familias enteras de cartoneros/as, discriminación en la atención sanitaria entre porteños/as y ciudadanos del conurbano o provenientes de países limítrofes...
Puede decirse que la pluralidad de criterios, el disenso y los valores democráticos -tan altamente defendidos en las campañas electorales del PRO así como en las primeras horas de mandato- se ven totalmente anulados a la luz de los acontecimientos citados.
Macri, en su plataforma electoral pregonaba: "La cultura debe cumplir un rol de orden en la sociedad, fundando normas para la aplicación de leyes y el funcionamiento del Estado" . Pero cuando Macri habla de cultura como factor de "orden en la sociedad", habla de “acallar la protesta social y volver a una ciudad sin marchas, cortes de calle o expresiones culturales contrarias al régimen".
Ilustración de este modo de operar en relación a los derechos de ciudadanía, lo constituye la obligación-prohibición de pedir “permisos” para ciertas manifestaciones (cuando por otro lado, el gobierno de la Ciudad concede un escenario descomunal en plena Avenida 9 de Julio a un nefasto y poderoso personaje evangelista).
El brutal “recorte” de 600 de los 1200 talleres culturales gratuitos que existen en la ciudad atenta contra la continuidad del programa cultural de los barrios. Debido a los diversos argumentos expuestos y al respaldo que otorgan los hechos, se manifiesta que el conjunto de estas medidas apuntan a la consolidación de un proceso de privatización del acceso a la cultura. Pocas dudas quedan de que, con la implementación de esta tipo de medidas, los "Nuevos Buenos Aires" lejos de "oxigenar" la igualdad en el acceso a la cultura, la asfixian.
El desarrollo de la cultura y su divulgación deben ser una política de estado y es un imperativo que no se puede dejar solamente en manos de quienes eventualmente nos gobiernen. El derecho a la cultura no es un gasto innecesario, ni un negocio ni un espectáculo. Los Centros Culturales son de los barrios. La Cultura, de los pueblos.
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